La entidad analiza si se ha violado algún derecho al difundir la información de la pandemia en la aplicación móvil

La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido 86 reclamaciones, fundamentalmente por parte de ciudadanos, y tiene abiertas 14 actuaciones de investigación, algunas de ellas a la Generalitat, en relación con el tratamiento de datos y el Covid-19, indicó ayer su directora, Mar España.

Así lo señaló en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde ha informado sobre la actividad de la entidad durante la crisis sanitaria.

Sobre las 86 denuncias indicó que están relacionadas fundamentalmente con la «comunicación de datos en relación con estar afectado o no» por el Covid-19, en el ámbito laboral y por la toma de la temperatura en centros comerciales o de trabajo. Además, se han abierto 14 investigaciones sobre iniciativas relacionadas con aplicaciones móvil y chatbots de seguimiento de contactos, que pueden ser útiles para evitar la propagación de la pandemia, pero que tratan datos «especialmente sensibles que pueden estigmatizar a las personas».

Los 14 expedientes investigan las apps de la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana y la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y la iniciativa de análisis de movilidad del Ministerio de Transportes (data covid).

Además, analizan la posibilidad de que el Centro de Estudios Sociológicos sustituyera las entrevistas por consultas telefónicas; los billetes personalizados de Renfe, y la web del Gobierno de Navarra (coronatest navarra).

Preguntada por Ciudadanos sobre si han resuelto procedimientos sancionadores durante la pandemia, la directora relató que se han estado tramitando todas las reclamaciones que han ido llegando, pero por la regulación vigente en la pandemia no se podían firmar y notificar. «Los tengo a punto de firma y se están empezando a notificar a partir del 1 de junio y, sí, ha habido algún procedimiento sancionador».

España subrayó que su prioridad «ha sido y será» proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar a las administraciones públicas «la seguridad jurídica necesaria para luchar contra la pandemia».

La entidad está «a disposición de las administraciones públicas para ayudarles en el tratamiento de los datos de salud» con «todas las garantías jurídicas y técnicas» que requieran. Sin embargo, lamentó que durante la crisis algunas administraciones -nacionales y autonómicas- han desarrollado o anunciado iniciativas para controlar la expansión del virus sin consultar a la agencia que, en muchos casos, se ha enterado de las iniciativas «por la prensa».

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